El objeto de esta Ley es la regulación de las condiciones para el establecimiento y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación, sus elementos y equipos, a fin de que su implantación produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista espacial y visual.

Así mismo, esta ley crea la Comisión de Redes de radiocomunicación, órgano colegiado que revisa y autoriza, en su caso, los planes territoriales de despliegue de red en Castilla-La Mancha presentados por los operadores de comunicaciones radioeléctricas.

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El objetivo de la Instrucción, es aclarar los casos en que es exigible la calificación urbanística otorgada por las Comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con carácter previo a la licencia municipal, tras los cambios introducidos en la legislación estatal en materia de telecomunicaciones con la finalidad de facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Instrucción calificación urbanística. [2018/3515]

Correcciones de la Instrucción calificación urbanística

La Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla- La Mancha tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, para el desarrollo de proyectos prioritarios, así como para fomentar e incentivar las iniciativas empresariales en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha. Dentro de ella, se califica el sector de las telecomunicaciones como perteneciente a los sectores económicos estratégicos de la Región.

• Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Enlace a DOCM. 
• Acuerdo de 01/09/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan los criterios o supuestos por los que se procederá a la declaración de proyectos prioritarios correspondientes a los sectores estratégicos calificados por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha. Enlace a DOCM. 
• Resolución de 02/05/2023, de la Dirección General de Cohesión Territorial, por la que se hace público el Acuerdo de 25/04/2023. Enlace a DOCM.

El pasado 14 de marzo se publicó en el DOCM la Ley 8/2023, de 10 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

La citada Ley incluye en su disposición final primera una Modificación de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha, la cual establece una bonificación con un porcentaje del 95% del importe de la tasa por la instalación en zanja de conducciones de servicios públicos de interés general de forma paralela a la calzada de la carretera (por metro lineal), prevista en los artículos 41 a 45 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, a aquellos proyectos de despliegues de redes de telecomunicación asociados a un proyecto prioritario por ser considerados estratégicos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

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El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, el cual atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.

En particular, esta ley es de aplicación al dominio público radioeléctrico utilizado por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, ya sean públicas o no, y con independencia del servicio que haga uso del mismo. Así mismo, entre otros aspectos, actualiza la normativa sobre servicio universal de telecomunicaciones.

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Entre otros aspectos, fija los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable de cualquier emisión al que se pueden ver expuestos los ciudadanos, para garantizar que estas emisiones no  supongan un peligro para la salud pública.

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Establece las diferentes tipos de de uso del dominio público radioeléctrico (común, especial o privativo), así como los títulos habilitantes para dicho uso (autorización general, autorización individual, afectación, concesión administrativa, o ninguno en el caso de uso común).

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Incorpora al ordenamiento jurídico español diversas disposiciones contenidas en la Directiva 2014/61/UE, del 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

Regula el derecho de acceso de los operadores a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, así como la coordinación de obras civiles financiadas parcialmente con fondos públicos con los operadores que así lo soliciten para facilitar el despliegue de sus redes.

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La complejidad técnica y el nuevo paradigma de la tecnología 5G hacen que los retos de seguridad que plantea no puedan abordarse en su totalidad con las normas sobre seguridad e integridad de las redes de comunicaciones electrónicas existentes y el importante cometido de los suministradores en la arquitectura y en la gestión de la red, así como su apertura a múltiples usos y aplicaciones que aumentan los posibles puntos de ataque, aconsejan tomar precauciones para evitar incidentes que sean atribuibles a dichos suministradores.

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Esta Directiva Comunitaria establece un marco armonizado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales.

Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación y, cuando proceda, de otras autoridades competentes, e introduce una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Unión Europea.

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Las Directrices revisadas sobre banda ancha establecen las normas con arreglo a las cuales la Comisión evaluará las medidas de ayuda estatal notificadas por los Estados miembros para apoyar el despliegue y la adopción de redes de banda ancha en la UE.

Las nuevas normas contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE de garantizar la conectividad de gigabit para todos y la cobertura 5G en todas partes para finales de la década, lo que es esencial para lograr la transición digital de la Unión.

Las nuevas Directrices entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el pasado mes de enero de 2023.

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